BETA LEGAL ASSESSORS, S.L.

Diciembre 2017

APARTADOS DEL BOLETÍN

Ayuda
x

Ayuda a la busqueda de artículos

La búsqueda se realizará sobre los artículos que pertenezcan a las publicaciones del producto seleccionado.

Si introducimos más de una palabra, el resultado de la búsqueda será todos los artículos que contengan al menos una de las palabras.

Si introducimos varias palabras entre comillas, el resultado de la búsqueda será todo artículo en el que aparezca exactamente la frase escrita en el buscador.

Ejemplo: "Obligaciones del empresario"

Solo dos de cada diez españoles aseguran tener cierta solvencia económica para afrontar la jubilación

Sólo dos de cada diez españoles, en concreto el 19%, aseguran tener cierta solvencia económica para afrontar su jubilación sin problemas, en contraste con el 44%, que temen no tener dinero suficiente para disfrutar de la vejez sin agobios económicos.

Según un estudio de la empresa Cigna, el 40% de los españoles mayores de 25 años ya se está preocupando por ahorrar de cara al futuro ante los problemas económicos que esperan tener al retirarse del mercado laboral.

El estudio de Cigna pone de manifiesto que, si pudiesen, el 69% de las personas entrevistadas seguirían trabajando tras la jubilación ante una necesidad económica, aunque el 67% también seguiría en el mercado laboral por mantenerse mental y físicamente activo.

De hecho, después del aspecto económico, la mayor preocupación de los entrevistados es el deterioro corporal y la falta de movilidad, así como convertirse en una carga para la familia.

Los españoles se consideran realmente mayores a partir de los 71 años, aunque esta percepción varía según la edad. Así, los españoles de entre 25 y 39 años entienden que se es mayor a los 69 años; los de 40-49 años sitúan esta condición a partir de los 71 años, y los que tienen más de 50 años a partir de los 75 años.

En España se considera que la vejez es una cuestión física, cuyos principales indicadores son: el deterioro de la memoria o de la salud, con el padecimiento de enfermedades graves o la pérdida progresiva de la movilidad.

Según el estudio de Cigna, el 78% de los españoles quiere mantenerse activo cuando llegue el momento de la jubilación. Así, más de la mitad planean pasar más tiempo con la familia y viajar cuando se retiren del mercado laboral.

Europa Press

España ratifica el protocolo internacional sobre trabajo forzoso

La ministra de Empleo y Seguridad Social ha entregado al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el instrumento de ratificación con el que España se incorpora a los países firmantes del protocolo internacional sobre trabajo forzoso.

El trabajo forzoso es una grave violación de derechos humanos y se refiere a todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.

Este protocolo, adoptado en Ginebra en 2014, complementa el Convenio sobre trabajo forzoso de 1930 con nuevos elementos, como el de abordar sus causas para eliminar cualquier forma de esclavitud. De acuerdo con las últimas estimaciones de la OIT, más de 21 millones de mujeres, hombres y niños viven en condiciones de esclavitud.

Este protocolo requiere que los países garanticen la liberación, la recuperación y la readaptación de las víctimas de la esclavitud moderna; mantengan una legislación que permita prevenir el trabajo forzoso y fortalezcan la inspección laboral y otros servicios que protejan a los trabajadores de la explotación.

Garantiza a las víctimas el acceso a acciones jurídicas y de reparación aunque no sean residentes legales del país donde trabajan. Los gobiernos tendrán que sancionar las prácticas abusivas y fraudulentas de los contratistas y las agencias de empleo.

Con la incorporación de España, ya son 19 los países que han suscrito este protocolo: Argentina, República Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Jamaica, Mali, Mauritania, Níger, Noruega, Países Bajos, Panamá, Polonia, Reino Unido y Suecia.

Empleo ha destacado que, con la ratificación de este convenio, España consolida su posición como el país que más convenios de la OIT ha suscrito, habiendo ratificado todos los Fundamentales y de Gobernanza.

Europa Press

El Gobierno tiene “preparada” la ley hipotecaria pero esperará al “momento adecuado” para aprobarla

El ministro de Economía, Industria y Competitividad ha asegurado que está “todo preparado” respecto a la reforma de la ley hipotecaria, pero “hay que elegir el momento adecuado” por su aprobación.

La futura ley de crédito inmobiliario contempla, entre otras cuestiones, que si el consumidor lo decide, de acuerdo con su banco, pueda pasar su hipoteca de tipo variable a fijo prácticamente sin gastos. Mientras, para las hipotecas de tipo fijo, tendrá que ser una negociación entre las partes. Así, la norma incidirá en reducir los costes que se produzcan cuando el cambio de una hipoteca de tipo variable a otra de tipo fijo se haga con otra entidad financiera.

Además, el notario va tener que actuar dos veces, en la fase precontractual y cuando se firma la hipoteca para mayor transparencia con los gastos y cláusulas suelo y con la cláusulas completas. Otro de los cambios permitirá que una hipoteca en divisa extranjera pueda pasar al euro sin coste ni penalización.

Europa Press

Impuestos europeos para las empresas de Internet

La Comisión Europea ha presentado tres opciones para elevar los impuestos que pagan en la Unión Europea las empresas del sector de la economía digital, entre las que están un gravamen sobre el volumen de ingresos, retenciones fiscales sobre transacciones digitales o una tasa sobre la facturación generada por la provisión de servicios digitales o actividades publicitarias.

El documento no es una propuesta legislativa sino que recoge algunas de las opciones posibles a corto plazo para conseguir que los gigantes digitales paguen una parte “equitativa” de impuestos. La intención de Bruselas es esperar a que la OCDE publique un informe en la primavera de 2018 con “soluciones apropiadas y significativas” para gravar la economía digital.

Este marco a nivel internacional sería la base de una futura propuesta legislativa a nivel europeo, pero el Ejecutivo comunitario ha garantizado que actuará para conseguir un marco fiscal “justo, efectivo y competitivo” en el mercado único digital incluso aunque no haya acuerdo en la OCDE.

La razón es que el marco fiscal actual “no se ajusta a las realidades modernas”, puesto que las reglas fiscales actuales “fueron diseñadas para la economía tradicional” y “no pueden capturar actividades que se basan cada vez más en activos intangibles y datos”.

En consecuencia, el tipo efectivo de las compañías digitales es la mitad del de las empresas tradicionales y “a veces mucho menos”. Concretamente, Bruselas estima que los modelos domésticos de negocio digital están sujetos a un tipo efectivo del 9%.

En este contexto, la Comisión Europea defiende que establecer una base imponible consolidada común en el impuesto de sociedades (BICCIS) es su opción “preferida” porque ofrece una “buena base” para enfrentarse a “desafíos clave” y supone un marco fiscal “sostenible, firme y justo”.

Así, mientras los países del bloque comunitario negocian esta propuesta, que fue presentada en octubre del año pasado, Bruselas ha puesto sobre la mesa una serie de opciones alternativas pensadas para el corto plazo.

Una de ellas apuesta por imponer una tasa sobre los ingresos generados por estas multinacionales gracias a la provisión de servicios digitales y a las actividades publicitarias.

Esta tasa separada podría aplicarse a todas las transacciones que se concluyen a distancia con consumidores donde la empresa no tiene residencia, pero cuenta con una presencia económica “significativa”.

Otra de las opciones sería crear una retención fiscal sobre ciertos pagos efectuados a proveedores no residentes de bienes y servicios solicitados online, mientras que la tercera de las alternativas aboga por establecer un impuesto sobre el volumen de facturación de estas compañías.

El objetivo de esta última propuesta sería crear un impuesto sobre aquellos ingresos “insuficientemente” gravados que provengan de actividades digitales.

Europa Press

Bruselas defiende integrar el pacto fiscal en la legislación de la UE

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro y el Diálogo social ha defendido la integración del pacto fiscal europeo, que por el momento es un acuerdo intergubernamental, en la legislación de la Unión Europea, al mismo tiempo que ha afirmado que Bruselas presentará una propuesta en este sentido en diciembre.

El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria (TSCG) es un acuerdo intergubernamental firmado en marzo de 2012 por 25 países de la UE (todos salvo Reino Unido, República Checa y Croacia) y en vigor desde el 1 de enero de 2013. Este pacto establece la llamada ‘regla de oro’ de equilibrio presupuestario, que fija en las normativas nacionales un límite estructural del 0,5% del PIB, aunque este porcentaje se eleva al 1% si la deuda pública es inferior al 60% del PIB. Este acuerdo fue utilizado como base para la reforma del artículo 135 de la Constitución española.

El comisario letón ha defendido que su objetivo es fortalecer la disciplina fiscal y actuar como un complemento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. También ha recordado que en un principio fue concebido para modificar los Tratados de la UE, pero que la ausencia de un consenso unánime entre los socios del bloque provocó que finalmente tomase la forma de un acuerdo intergubernamental.

Europa Press

Beta Legal Assessors S.L. - Boletin On Line -